La Ley

La Ley

El argumento de los gobernantes fue que el estado festivo del ser humano le alejaba de la concentración en el trabajo y en la familia. Claro que fue impopular. Pero la asociación de empresarios no estaban contentos con el contrato diario o con la abolición del salario mínimo. Y JP Morgan volvió a amenazar con la subida de la Prima de Riesgo. El presidente, a través de un mensaje de WhatsApp a cada uno de los ciudadanos, pidió un esfuerzo en aras de la estabilidad del país.

La Ley, prometían, no nacía con vocación restrictiva. Aseguraban que el objetivo era promover el descanso y la productividad empresarial y familiar.

La población se opuso tímidamente. Hacía tiempo que las manifestaciones estaban prohibidas y las publicaciones en redes sociales tenían que pasar un filtro antes de ser visibles. No era una censura. Era una adecuación textual, decían. Así que los ciudadanos protestaron enérgicamente con su silencio. No sirvió de nada.

A primeros de enero de 2031 entró en vigor el Impuesto sobre Fiestas y Jolgorios. No estaba expresamente prohibido cantar y bailar. Estaba gravado. Cada ciudadano tenía que pagar una tasa de 10 euros por cada canción que bailara o cantara y, para ello, cada equipo reproductor de música y los instrumentos musicales, así como los lugares de reunión y las calles, tenían cámaras conectadas a equipos de reconocimiento facial.

Y no quedaba ahí. El ciudadano que quisiera, además, conservar el recuerdo, debía abonar un canon de 25 euros. En caso contrario, debía someterse a un proceso de “desintoxicación festiva” mediante el cual se borraba cualquier remembranza de esos momentos vividos.

Y fue así, querido nieto, como por fin, de una vez por todas, acabaron quitándonos lo "bailao".